DE INTERÉS

 


Proyecto de ley: Documento completo (.DOC)

Convocatoria:

   

PROYECTO DE INICIATIVA DE LEY PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En el México de hoy existe una necesidad imperiosa de construir relaciones sociales, culturales, económicas y políticas ajenas a la exclusión, a la marginación y a la desigualdad. Se trata del necesario correlato de bienestar, de oportunidades y de respeto mutuo para nuestra democracia política. Las nuevas formas de convivencia democrática a las que debemos aspirar como país sólo podrán existir si se asegura la eliminación de las barreras que impiden el ejercicio cabal de los derechos fundamentales y de las libertades básicas de las personas, así como su acceso a la igualdad real de oportunidades. Si no construimos relaciones justas y recíprocas en nuestra vida social, nuestra vida democrática se mantendrá frágil y el tejido de nuestra sociedad se verá fragmentado y plagado de desigualdades irreductibles.

La lucha contra la discriminación es, en este momento de la vida nacional y estatal, una de las vías fundamentales para alcanzar una ciudadanía plena. Esta ciudadanía compatible con un sistema democrático efectivo debe estar exenta de discriminaciones que la mutilen o la socaven. En la construcción de ella se juega en gran medida la calidad de vida de las personas y la legitimidad misma de las instituciones y de las reglas de la democracia.

Resulta del todo inadmisible que en el México del siglo XXI persistan prácticas discriminatorias tan extendidas como oprobiosas que, entre otros efectos, han generado un gigantesco daño humano a través de la inequidad y la fragmentación sociales, vulnerando en sus derechos, libertades y oportunidades tanto a personas como a grupos y comunidades. No estamos, pues, frente a un problema menor, ya que una inmensa mayoría de la población nacional y del Estado sufre de manera directa o indirecta algún trato discriminatorio. Por ello, en la reforma legal que ahora se plantea como necesaria para el Estado de Chihuahua, se parte justamente del reconocimiento explícito de la profundidad y extensión de las prácticas discriminatorias y del gran daño social que han y siguen generando.

Los actos de discriminación son violaciones directas a los derechos humanos fundamentales. Si entendemos la discriminación como un trato diferenciado que daña la dignidad humana aun cuando se esconda tras el respeto formal de las libertades y la igualdad legal o política, debemos decir que una sociedad no puede considerarse plenamente democrática si no es capaz de ofrecer una protección efectiva de los derechos inalienables de la persona, toda vez que éstos constituyen los pilares insustituibles de cualquier democracia que se considere legítima.

La lucha contra la discriminación es parte esencial de la lucha por la consolidación democrática. En los hechos, las prácticas discriminatorias conducen, tarde o temprano, a limitaciones de las libertades fundamentales y a un tratamiento político y legal desigual hacia personas y grupos vulnerables. De manera equivalente, la ausencia de derechos de la persona y de igualdad legal y política se convierte en un caldo de cultivo para la exclusión y el desprecio social. La discriminación forma parte de la espiral de la dominación autoritaria, puesto que tiende a estigmatizar grupos sociales, conductas específicas y visiones del mundo y termina cancelando derechos y garantías legales y políticas.

La definición de discriminación que fundamenta el proyecto legislativo que proponemos se basa en la que contiene el artículo 4° de la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, por lo que entiende a aquella como todo acto u omisión basado en prejuicios o convicciones relacionados con el sexo, la raza, la pertenencia étnica, el color de la piel, la nacionalidad, la lengua, la religión, las creencias políticas, el origen y la condición social o económica, el estado civil, el estado de salud, la situación real o potencial de embarazo, el trabajo o la profesión, las características físicas, la edad, la preferencia sexual, cualquier forma de discapacidad (o una combinación de éstos u otros atributos), que genera la anulación, el menoscabo o la restricción del reconocimiento, el goce o el ejercicio de los derechos humanos, las libertades fundamentales y la igualdad real de oportunidades de las personas.

La discriminación es una forma de trato diferenciado alimentado por el desprecio hacia personas o grupos. Pero no debe perderse de vista que no toda forma de trato diferenciado es discriminatoria y que, por el contrario, existen formas de trato diferenciado que son incluso necesarias y deseables en la lucha contra la discriminación. Las formas deseables de trato diferenciado son aquéllas que posibilitan la reparación del daño histórico generado por la discriminación y que permiten construir condiciones de igualdad real de oportunidades y de reciprocidad entre las personas.

A la multiplicidad de las prácticas discriminatorias se debe añadir la diversidad de espacios y circunstancias en que éstas ocurren. Los actos discriminatorios se encuentran tan extendidos y arraigados que pueden tener lugar en la esfera política, económica, social, cultural o civil, o en cualesquiera otras de la vida pública o privada. En todos estos casos siempre tienen como efecto impedir el pleno desarrollo de la persona humana. Por ello, la acción legal del Estado de Chihuahua en la lucha contra la discriminación debe tener competencias para incidir de manera directa también en los espacios privados en los que se presentan prácticas discriminatorias.

Por su propia naturaleza, la lucha contra la discriminación abre la posibilidad de una convergencia no sólo entre las fuerzas políticas estatales, sino también entre éstas y el tejido social del cual surgen y al cual se deben. Sería muy grave no reconocer que existen temas y problemas que llaman a la formación de amplios consensos sociales y políticos, y que exigen una atención inmediata e integral, más allá de proyectos partidistas singulares o de programas de gobierno específicos.

La lucha contra la discriminación obliga, sobre todo en su dimensión jurídica y social, a encarar una faceta de la diversidad estatal poco reconocida y menos atendida: aquélla que se refiere a los múltiples sectores de la sociedad del Estado vulnerados en sus derechos fundamentales por una o más formas de diferenciación arbitraria e ilegítima. Sería imposible soslayar el hecho de que detrás de las prácticas discriminatorias se encuentran prejuicios basados en estereotipos creados y transmitidos socialmente y que, de manera más o menos explícita, se han incorporado a los distintos niveles de la legalidad que debe regir la convivencia colectiva en el Estado.

Por ello, los recursos legales contra la discriminación deben proteger a quienes, por poseer una determinada característica o rasgo de identidad, han sido ubicados en el conjunto de personas injustamente diferenciado. Es decir, a todos a quienes se discrimina a través de juicios morales o de prejuicios sociales que descalifican y marginan. Por esta razón, podemos afirmar que incurre en discriminación quien arbitrariamente distingue, restringe o excluye a las personas del pleno ejercicio de sus derechos y libertades; y que también lo hace quien propaga ideas, teorías o símbolos de superioridad de algún grupo o que alienta e incita al desprecio, a la persecución, al odio o a la violencia contra una persona o cierta comunidad de personas.

Aunque no deja de ser verdad que la discriminación ha existido desde siempre, también lo es que en cada momento histórico adopta rostros diferentes. En este entendido, el objetivo de una legislación contra la discriminación, en la circunstancia actual de nuestro Estado, consiste en crear mecanismos de protección y de equilibrio que reviertan antiguas formas discriminatorias y que, al mismo tiempo, sean capaces de prever y neutralizar los efectos negativos provenientes de las vertiginosas mutaciones que están ocurriendo en la esfera de la tecnología, del cambio cultural, de la apertura informativa, del crecimiento de la pobreza (y de su feminización), de las nuevas tendencias demográficas, de los fenómenos migratorios, del resurgimiento de fundamentalismos religiosos y de la globalización de los mercados, entre otros cambios.

La Iniciativa que se presenta se divide en seis capítulos, el primero denominado “Disposiciones Generales”, regula el objeto de la ley, el deber de cada una de las autoridades y de los órganos públicos estatales de adoptar las medidas a su alcance para que toda persona pueda disfrutar de sus derechos y libertades sin sufrir discriminación alguna, las conductas que no se considerarán discriminatorias, el concepto de discriminación, el deber del Estado de tomar en cuenta los principales instrumentos internacionales sobre derechos humanos y las autoridades que intervienen en la aplicación de la ley.

En el capítulo segundo, titulado “Medidas para Prevenir la Discriminación”, establece las conductas que se consideran discriminatorias.

El capítulo tercero que lleva por nombre “Medidas Positivas y Compensatorias a favor de la igualdad de oportunidades”, estatuye diversas medidas compensatorias dirigidas a fomentar la igualdad de algunos de los grupos vulnerables: Mujeres, Niños y Niñas, Adultos Mayores, Personas con Discapacidad, Indígenas y Personas Privadas de su Libertad.

En el capítulo cuarto de la iniciativa, que contiene siete secciones, se crea el Consejo del Estado de Chihuahua, para Prevenir la Discriminación, y en este apartado se regulan la denominación, objeto, domicilio y patrimonio del Consejo; sus atribuciones; así como los Órganos de Administración, Asamblea Consultiva, Órganos de Vigilancia, Prevenciones Generales y Régimen de Trabajo del referido órgano.

El capítulo quinto regula y desarrolla los procedimientos de reclamación y queja, así como sus diferentes etapas.

Finalmente en el capítulo sexto de la Iniciativa titulado “Las Medidas Administrativas para Prevenir y Eliminar la Discriminación”, se hace referencia a las medidas administrativas para prevenir y eliminar la discriminación, así como al otorgamiento de reconocimientos para aquellas instituciones que trabajen en la prevención de la discriminación.